¿Qué?¿La Libertad de Expresión, tiene limites?


Así es chato(a), y no lo digo yo, lo dicen las jurisprudencias emitidas por la 1° Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuyos número de registro son 2003303 y 2008412. Pero tranquilo(a), aun puedes seguir publicando memes, para que seas acreedor de sanciones se deben cumplir ciertos requisitos, aquí te dejo lo que a la letra dice el estudio de la SCJN:


LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA. Para el análisis de
los límites a la libertad de expresión, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
adoptado el denominado “sistema dual de protección”, según el cual los límites de crítica son más amplios cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna, pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública. Sobre este tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó, en los casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica y Kimel vs. Argentina, que el acento de este umbral diferente de protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. Esta aclaración es fundamental en tanto que las personas no estarán sometidas a un mayor escrutinio de la sociedad en su honor o privacidad durante todas sus vidas, sino que dicho umbral de tolerancia deberá ser mayor solamente mientras realicen funciones públicas o estén involucradas en temas de relevancia pública. Esto no significa que la proyección pública de las personas las prive de su derecho al honor, sino simplemente que el nivel de intromisión admisible será mayor, aunque dichas intromisiones deben estar relacionadas con aquellos asuntos que sean de relevancia pública. La principal consecuencia del sistema de protección dual es la doctrina conocida como “real malicia” o “malicia efectiva”, misma que ha sido incorporada al ordenamiento jurídico mexicano. Esta doctrina se traduce en la imposición de sanciones civiles, exclusivamente en aquellos casos en que exista información falsa (en caso del derecho a la información) o que haya sido producida con “real malicia” (aplicable tanto al derecho a la información como a la
libertad de expresión). El estándar de “real malicia” requiere, para la existencia de una
condena por daño moral por la emisión de opiniones, ideas o juicios, que hayan sido
expresados con la intención de dañar, para lo cual, la nota publicada y su contexto
constituyen las pruebas idóneas para acreditar dicha intención. En este sentido, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación observa que, dependiendo de su gravedad y de la calidad del sujeto pasivo, las intromisiones al derecho al honor pueden ser sancionadas con: (i) sanciones penales, en supuestos muy limitados referentes principalmente a intromisiones graves contra particulares; (ii) con sanciones civiles, para intromisiones graves en casos de personajes públicos e intromisiones medias contra particulares; y (iii) mediante el uso del derecho de réplica o respuesta, cuyo reconocimiento se encuentra tanto en el texto constitucional como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para intromisiones no graves contra personajes públicos e intromisiones leves contra personas privadas.


LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE
NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE
HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE
DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR). En la jurisprudencia
1a./J. 38/2013 (10a.) de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de
rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA.”, se sostuvo que la
principal consecuencia del sistema de protección dual es la doctrina de la “real malicia” o
“malicia efectiva”, conforme a la cual, la imposición de sanciones civiles derivada de la
emisión de opiniones, ideas o juicios, corresponde exclusivamente a aquellos casos en que existe “información falsa” (en el caso del derecho a la información) o que haya sido
producida con “real malicia” (aplicable tanto al derecho a la información como a la libertad de expresión), esto es, con la única intención de dañar. Conforme a esa doctrina, sólo puede exigirse a quien ejerce su derecho a la libertad de expresión o de información, responsabilidad ulterior por las opiniones o información difundida -de interés público- si se actualiza el supuesto de la “malicia efectiva”. Ahora bien, para que se actualice ésta no es suficiente que la información difundida resulte falsa, pues ello conllevaría a imponer sanciones a informadores que son diligentes en sus investigaciones, por el simple hecho de no poder probar en forma fehaciente todos y cada uno de los aspectos de la información difundida, lo cual, además de que vulneraría el estándar de veracidad aplicable a la información, induciría a ocultar la información en lugar de difundirla, socavando el debate robusto sobre temas de interés público que se persigue en las democracias constitucionales. Entonces, la doctrina de la “real malicia” requiere no sólo que se demuestre que la información difundida es falsa sino, además, que se publicó a sabiendas de su falsedad, o con total despreocupación sobre si era o no falsa, pues ello revelaría que se publicó con la intención de dañar. Cabe agregar que, en torno al nivel de diligencia o negligencia del informador, la doctrina de la “malicia efectiva” señala que la mera negligencia o descuido no es suficiente para actualizarla, pues para ello se requiere un grado mayor de negligencia, una negligencia inexcusable, o una “temeraria despreocupación”, referida a un dolo eventual, lo que presupone la existencia de elementos objetivos que permiten acreditar que el autor, si bien no tenía conocimiento directo sobre la inexactitud de los datos aportados, era consciente de esa inexactitud por las circunstancias de hecho del caso concreto y, además, disponía de
los recursos que le permitían verificar, de manera inmediata y sin mayor esfuerzo, aquella inexactitud, y a pesar de ese estado de conciencia y de contar con los medios idóneos para corroborar la información, prescinde de ellos y decide exteriorizar los datos. Por tanto, la intención de dañar no se acredita mediante la prueba de cierta negligencia, un error o la realización de una investigación elemental sin resultados satisfactorios, sino que se requiere acreditar que el informador tenía conocimiento de que la información era inexacta, o al menos duda sobre su veracidad, y una total despreocupación por verificarla, pues sólo así puede acreditarse la intención de dañar.


En ocasiones, al difundir una “nota” de dudosa procedencia en contra de un personaje público, tanto el periodismo, como la sociedad en general,  se excusan que se encontraba en el ejercicio de su “Libertad de Expresión”, lo que es muy respetable, pero, lo que es una realidad es que se corre con un alto riesgo de ser acreedor de sanciones civiles y hasta penales,  esto derivado del uso de la emisión de opiniones, ideas o juicios, en aquellos casos en que “la información falsa” sea específicamente para dañar al particular.

Estamos en una época en que “quemar” a las personas mediante el uso de las redes sociales cada vez es más común, y no digo que este mal, se han convertido en una herramienta fundamental para mantenernos al tanto de lo que acontece en nuestra sociedad, lo que  si debería de llamar la atención es la veracidad de la información con la que se emite la “quemada”, y mas aún, si el emisor a sabiendas que la información expuesta era de dudosa procedencia, esta la emite con la intención de dañar.

Esto último, es uno de los objetos de estudio que la SCJN, nos otorgó al hacer el análisis de la doctrina “real malicia” o “malicia efectiva”, la cual nos explica que, para la imposición de  sanciones civiles derivadas del mal uso de la información repartida, dicha doctrina requiere no sólo que se demuestre que la información difundida es falsa sino, además, que se publicó a sabiendas de su falsedad, o con total despreocupación sobre si era o no falsa, pues ello revelaría que se publicó con la intención de dañar.

Hay que tener cuidado con lo que divulgamos, principalmente hay que velar por la veracidad con la que lo hacemos… SALUDOS.

Marco S.

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