¿La ley se acuerda?| Jorge Álvarez Banderas


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No, la ley se cumple; un comunicado “oficial” sin fecha ni firma que anuncia que empresarios y obreros llegaron a un acuerdo con el gobierno federal, en relación con la iniciativa de ley para regular la subcontratación de personal, enviada por el presidente López, es totalmente absurdo; según, las empresas del país dijeron que iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa presentada por el titular del poder ejecutivo federal, frente a un llamado realizado a las empresas que manejan nóminas para que dejen de desarrollar prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores como darlos de baja masivamente en diciembre.

Es evidente que por medio de la tercerización de servicios de personal, muchas empresas evaden el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU) al no ser estos trabajadores propios; en dicho comunicado, se precisa que específicamente, el esquema de reparto de utilidades planteado en la iniciativa, donde se pide al legislador se contemple el no subcontratar personal, no ha quedado suficientemente definido, ni socialmente debatido y que debido a esto, se planteó una discusión abierta entre diversos sectores para definir un sistema de reparto de utilidades justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago, dicho proceso de consulta se iniciará para ser resuelto previo a la discusión de la iniciativa.

Bajo una supuesta envergadura de la reforma y sus impactos operativos, en el comunicado se señala que las empresas -sin mencionar cuales- solicitaron un plazo de tiempo para llevar a cabo el proceso de regularización y que por ello, se solicitó al congreso generalposponer al mes de febrero de 2021 la discusión legislativa de la iniciativa para que en un plazo no mayor a 30 días pueda discutirse y en su caso aprobarse.

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Es curioso que por medio de estos comunicados que circulan en redes sociales, se oficialice una supuesta postura de flexibilización para la aplicación de la ley por parte de evidentes infractores, dejando como corolario a lo anterior, la precisión sentada como una amenaza velada, de que las autoridades administrativas exhortaran a las empresas irregulares que manejan la figura de outsourcing, que de seguir con esas conductas, se procederá administrativa o penalmente.

El señor López no sabe en la que se metió con esta iniciativa en materia de contratación de servicios de personal, en virtud de que el propio gobierno federal en sus diversas dependencias es el principal cliente de empresas que tercerizan servicios, o ¿si sabe en la que se mete? Bien le puede servir como parte de su campaña de asistencia social a los más “necesitados”, esto es, contratando a todo este personal y asi asegurar votos en las elecciones venideras.

Por Jorge Álvarez Banderas. Encuéntralo en Twitter como @lvarezbanderas

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